La ley de garantía estatal para crédito hipotecario que entró en vigencia el. 1 de marzo, es una medida importante para ayudar a las familias de bajos ingresos a acceder a una vivienda digna.

Esta ley establece un sistema de garantía estatal para créditos hipotecarios otorgados por instituciones financieras, lo que permite que los prestamistas ofrezcan tasas de interés más bajas y plazos más largos.

En virtud de esta ley, las personas que califican para un crédito hipotecario y que tienen un ingreso menor al promedio pueden recibir una garantía estatal que cubre hasta el 90% del valor de la propiedad. Esta garantía permite a los prestamistas reducir los requisitos de garantía para los prestatarios, lo que facilita la obtención de un préstamo hipotecario para aquellos que normalmente no calificarían.

Además, la ley establece un sistema de administración y seguimiento de los créditos hipotecarios garantizados por el Estado, lo que aumenta la transparencia y la eficiencia en el proceso de préstamo. El gobierno también establece una tasa máxima de interés que los prestamistas pueden cobrar por estos préstamos, lo que evita el abuso de los prestatarios y mantiene las tasas de interés justas y razonables.

En última instancia, la ley de garantía estatal para crédito hipotecario tiene como objetivo reducir la brecha entre los propietarios y los arrendatarios, fomentar la estabilidad económica y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos chilenos. Al ayudar a más personas a obtener acceso a una vivienda propia, se espera que la ley tenga un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo social y económico a largo plazo.